El escándalo de sobornos petroleros expone el doble juego corrupto del ‘procurador general’ de Guaidó.

José Ignacio Hernández Juan Guaido Venezuela

Por Anya Parampil, tomado de The Gray Zone, EE.UU.

Bajo el radar de los medios de comunicación de Estados Unidos, un tribunal de distrito de Florida desestimó un caso de soborno multimillonario en marzo de 2018 gracias al testimonio de un ex miembro de la administración en la sombra del líder golpista venezolano Juan Guaidó.

Ese ex funcionario, José Ignacio Hernández, fue Procurador General del ‘gobierno’ Guaidó, apoyada por los EE.UU., hasta julio de este año. Como esta investigación revelará, el testimonio de Hernández fue comprado y pagado por gigantes petroleros extranjeros con interés en defraudar a la empresa petrolera estatal de Venezuela de miles de millones de dólares.

Estos titanes corporativos, que incluían algunas de las mayores compañías petroleras del mundo, sobornaron a funcionarios corruptos dentro de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal venezolana, para amañar contratos a su favor.

En 2018, un fondo fiduciario de litigio establecido por el gobierno venezolano presentó una demanda contra las compañías petroleras y sus colaboradores buscando miles de millones de dólares en daños por sus tratos corruptos. El caso marcó uno de los juicios civiles más caros en la historia legal reciente de los Estados Unidos.

A pesar de las abundantes pruebas, incluyendo registros bancarios, correos electrónicos y testimonios de los familiares de los consultores de las compañías petroleras, acusados de haber permitido el atraco masivo, el caso fue desestimado por un tecnicismo por un tribunal del distrito sur de Florida. El testigo experto que se presentó ante el tribunal para deslegitimar el caso del gobierno venezolano fue Hernández, un abogado de la oposición.

Para entonces, Hernández, se había convertido en uno de los expertos pagados más fiables para las empresas que luchan contra Venezuela en los tribunales. Como este reportero reveló previamente, dio testimonio a la empresa minera canadiense Crystallex para apoyar la lucha legal de la compañía contra el gobierno de Venezuela.

Hernández también cosechó un pago de 163.000 dólares del Grupo Europeo OI a cambio de su testimonio contra Caracas. En el caso del Fondo Fiduciario para Litigio de PDVSA que fue desestimado en 2019, se le pagó 350 dólares por hora de un quién es quién de la industria petrolera por su análisis.

Por lo tanto, Hernández estaba cobrando fuertes honorarios a los enemigos del mismo Estado venezolano al que más tarde afirmaría representar, cuando asumió el cargo de “procurador general” en la administración sombra de Guaidó. Sus lucrativas relaciones con las corporaciones extranjeras que planean explotar la riqueza de Venezuela desenmascaran las fuerzas reales detrás de los esfuerzos de cambio de régimen de Guaidó, y su posterior agenda de ganancias, también plantean serias dudas sobre si violó la ley de los Estados Unidos.

En agosto de 2019, Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero venezolano y crítico de Guaidó que actualmente se desempeña como secretario político del partido de oposición venezolano Avanzada Progresista, anunció que había presentado una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para investigar a Hernández por su trabajo en el caso Crystallex.

“Tenemos razones para creer que [la conducta de Hernández] es algo que debe ser investigado”, dijo Rodríguez a The Grayzone. Planteó la posibilidad de que el abogado haya violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales.

El 18 de julio de 2020, Hernández se convirtió en el último “funcionario” que representa al líder de la oposición venezolana Guaidó en los Estados Unidos en renunciar. Si bien no ofreció ninguna explicación para la repentina salida, el anuncio se produjo después de una embarazosa divulgación difundida al público venezolano en los medios de comunicación estatales ese día.

La oposición de Venezuela supera a José Ignacio Hernández y sus colaboradores del Banco Mundial

La repentina salida de José Ignacio Hernández del régimen en la sombra reconocido por los Estados Unidos de Juan Guaidó se produjo horas después de que el vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, hiciera público un audio incriminatorio del reciente testimonio de Hernández ante la Asamblea Nacional del país, controlada por la oposición.

En la grabación del 3 de junio, el abogado venezolano admitió ante los legisladores de la oposición que integran la comisión de energía de la Asamblea Nacional que “dirigió una estrategia” con respecto a las luchas legales de Venezuela con los gigantes corporativos multinacionales. Se refería específicamente a la coordinación con el Centro Internacional de Disputas sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, incluyendo la colaboración “directa” con la oficina del Presidente del Banco Mundial, David Malpass.

La confesión puso en grave peligro la autoridad del CIADI del Banco Mundial como árbitro supuestamente neutral de las controversias sobre inversiones internacionales.

También planteó dudas sobre si Malpass había violado las normas de su empleador. Como se decía en los estatutos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, el banco y “sus funcionarios no se inmiscuirán en los asuntos políticos de ningún miembro; ni se dejarán influir en sus decisiones por el carácter político del miembro o miembros en cuestión”. Pero eso parece ser exactamente lo que el presidente había hecho.

Cabe destacar que varios grupos de oposición se han negado a participar en las comisiones de la Asamblea Nacional, lo que significa que sólo los legisladores que representan a los llamados partidos de oposición “G4” (Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y el Voluntad Popular de Guaidó) estuvieron presentes en el testimonio de Hernández.

Esto significa que a menos que el gobierno de Venezuela, de alguna manera, espiara la reunión, el audio tuvo que haber sido filtrado por los propios asociados de Hernández o por el mismo Hernández

En lugar de negar su autenticidad, Hernández respondió a la fuga de audio castigando a sus aliados por proporcionárselo al gobierno de Venezuela.

La filtración “sólo es posible si hay complicidad interna”, Hernández twitteó momentos después de que el gobierno venezolano expusiera su confesión.

Hernández anunció su renuncia a la administración en la sombra de Guaidó apenas cinco horas después, en la tarde del 18 de julio.

Extrañamente, el abogado afirmó haber presentado su carta de salida semanas antes el 28 de mayo – un posible intento de restarle importancia al audio.

Jorge Alejandro Rodríguez, el ingeniero y crítico de Guaidó (que no está relacionado con el ministro del gobierno venezolano Jorge Rodríguez ni con la vicepresidenta Delcy Rodríguez), cuestionó el extraño momento de la carta en la radio nacional venezolana. Rodríguez incluso ofreció 1.000 dólares americanos a cualquiera que pudiera probar que Hernández renunció de hecho el 28 de mayo.

“Esta es la segunda vez que el Sr. Hernández sorprendió a la opinión pública con una declaración como, ‘Ya hice esto y lo otro’”, comentó Rodríguez a The Grayzone. “Debemos recordar el triste episodio de su supuesta y nunca aclarada recusación del caso Crystallex”.

De hecho, después de que se revelara que había servido anteriormente como testigo experto en la lucha legal de Crystallex contra el gobierno venezolano, Hernández afirmó haberse recusado del caso al asumir el cargo de “procurador general”, pero sólo lo hizo de manera retroactiva.

Durante la conferencia de prensa del gobierno venezolano que reveló la existencia de la fatídica grabación, la Vicepresidenta Rodríguez acusó al Presidente del Banco Mundial Malpass de “colusión” con la oficina de Hernández, a la que denunció como nada más que “una corporación criminal que saquea los activos venezolanos”.

Una revisión del sitio web del CIADI revela 16 casos pendientes contra el gobierno de Venezuela. Los demandantes incluyen gigantes corporativos como Koch Industries, Air Canada y ConocoPhillips. Cuando Hernández se jactó descuidadamente de tramar “una estrategia” con el CIADI y la oficina del Presidente del Banco Mundial, habría sido con respecto a estos casos pendientes.

Pero, ¿estaba Hernández elaborando estrategias en nombre del gobierno al que se hacía pasar por representante, o los buitres corporativos compitiendo por una tajada de la riqueza almacenada internacionalmente de Venezuela? Basándose en su historia, uno tendría que concluir lo último.

El escándalo por la filtración del audio de Hernández fue sólo el último en sacudir la oficina del “procurador general” de Guaidó. En el verano de 2019, se reveló que había dado testimonio a la empresa minera canadiense Crystallex para apoyar la lucha legal de la compañía contra el gobierno de Venezuela antes de asumir como el representante legal más poderoso de ese gobierno a los ojos de los tribunales de EE.UU.

Además, como ya ha sido documentado por este reportero, Hernández recibió un pago de 163.000 dólares de otra empresa que demanda al gobierno de Venezuela, OI European Group, a cambio de su testimonio contra ese gobierno

Publicado el 27 julio, 2020 en agresiones imperiales, EE.UU, Venezuela y etiquetado en , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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