Países centroamericanos “usan migrantes para pedir recursos al extranjero”

La ONU llama a proteger los derechos humanos de los migrantes  centroamericanos | Panorama

Por Eliana Gilet, publicado en Sputnik, Rusia

Dos académicas y activistas de México y Guatemala, expertas en el tema migratorio, conversaron con Sputnik para señalar distintas aristas para comprender un poco más sobre los desplazamientos masivos de la región centroamericana y definir que “las causas de la migración están en Centroamérica, no en EEUU”.

En marzo de 2018, las grandes caravanas de migrantes —mayormente de hondureños, aunque no sólo— se volvieron públicas, aunque había antecedentes de estos movimientos en pequeño, organizados como acciones políticas de defensa, promovidas por organizaciones civiles y religiosas ante el aumento represivo que vivía la población en tránsito.

Esa caravana que llegó a la frontera norteamericana en mayo de 2018, logró que el 94% de las personas que solicitaron asilo en Estados Unidos consiguieran iniciar su trámite, aunque la mayoría, más de mil personas de ese grupo primigenio, se habían ido quedando en distintas partes de México.

En cambio, la caravana que ingresó a México seis meses más tarde, en octubre de 2018 y llegó hacia fines de noviembre de ese año a Tijuana, en la frontera norte mexicana, fue recibida con gases lacrimógenos por parte de las autoridades migratorias norteamericanas, disparados desde Estados Unidos hacia este lado por encima y a través del muro.

La diferencia más notoria de estos dos hechos con lo ocurrido el 18 de enero de 2021, es que ésta última fue reprimida por las autoridades guatemaltecas en la Aldea Vado Hondo, Departamento de Chiquimula mucho más al sur de lo que habían llegado las primeras.

Ese desplazamiento cada vez más al sur del límite que se pone a quienes caminan hacia Estados Unidos fue catalogado por la mexicana Amarela Varela, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como un “proceso de externalizar las fronteras” que data desde comienzos del milenio.

Sin embargo, agregó la guatemalteca Sindy Hernández Bonilla, investigadora en el Instituto de investigación y proyección sobre dinámicas globales de la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, así como integra la Red Jesuita para Migrantes en Centroamérica, fue durante el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos cuando se consagró este proceso que convirtió a Guatemala en policía migratoria, como antes lo había hecho México, al dedicar a la Guardia Nacional como policía para reprimir este flujo.

El Acuerdo de Tercer País Seguro fue firmado en la Casa Blanca a mitad de julio de 2019 entre el Ministro del Interior del Gobierno de Jimmy Morales, Enrique Degenhart y su par norteamericano, el Secretario de Seguridad de Trump, Kevin McAleelan.

Este acuerdo implica que Guatemala se comprometió a recibir en su territorio a los centroamericanos que hayan solicitado asilo en Estados Unidos, y a mantenerlos en su territorio mientras se resuelve su trámite en el país del norte.

“Bajo el argumento de la saturación de las fronteras con solicitantes de asilo, se lanzaron estos acuerdos de cooperación para mandarlos a Guatemala. Es decir, regresan a los centroamericanos a los contextos de los que están saliendo“, apuntó Hernández en diálogo con este medio.

El peso de la política

La investigadora guatemalteca sostuvo que para entender lo que sucede con este complejo tema hay que ir “más atrás de las medidas represivas actuales y hablar de nuestros Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala”, para analizar su responsabilidad en la crítica situación que viven miles de personas en la región, en dónde el presupuesto sirve como una herramienta para medir “si un Gobierno garantiza o no el bienestar de su población”, afirmó.

La experta refirió como el Gobierno de Honduras, encabezado por Juan Orlando Hernández —que ocupa el cargo desde 2014 y cuya reelección en 2017 fue motivo de un quiebre en el país— ha descendido paulatinamente el presupuesto en salud, incluso durante el año 2020 en que el sistema público tuvo que hacer frente a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus con sus recursos recortados.

“El éxodo hondureño y la desesperación de las personas que salen por no tener garantizados sus derechos de acceso al empleo, la educación y la salud. Tenemos que exigir que los Gobiernos los garanticen, porque mientras se argumentan que están en crisis fiscal, siguen favoreciendo con exoneraciones fiscales a empresas como la del turismo”, apuntó la experta.

Migrar en la clandestinidad

Las académicas estuvieron de acuerdo en que hay un hilo que une a la prohibición del tránsito con su clandestinidad, y a ésta con el “negocio de la migración”.

“Al igual que las drogas, y es un ejemplo feo pero cierto, que se mueven en la ilegalidad como una mercancía, también pasa con los migrantes. Así los ven nuestros países, como una justificación para pedir recursos al extranjero, sin dedicar nada a atender las causas estructurales que los expulsan”, apuntó Hernández.

Para Varela, esta situación es una “postal global del régimen de frontera” que ha confirmado que a mayor endurecimiento de las políticas migratorias, “se alargan los tránsitos y se hipercladestinizan, es algo ya probado”.

Crisis regional

La participación de las corporaciones armadas de Guatemala en los confrantamientos causó “rechazo” entre la población local, según explicó Hernández, quien refirió que en el país “no se siente representado por la brutalidad con la que actuaron, su actuación no es avalada por la mayoría de la gente en Guatemala quienes no suele estar en contra de los migrantes”, agregó.

Sostuvo que hasta que llegó la pandemia del nuevo coronavirus no se habían dado muestras de xenofobia en Guatemala, pero las medidas restrictivas de movimiento y el miedo ante el contagio, las hicieron brotar incluso, contra los propios connacionales que son retornados forzosamente al país desde Estados Unidos.

“La administración Trump empezó a deportar guatemaltecos de manera irresponsable, sin hacerles las pruebas para tomar medidas con quienes estuviesen contagiados, pero el Gobierno de Guatemala los admitió y por eso, el temor en la población estaba latente”, apuntó.

Esta política que pone a Guatemala como frontera migratoria para sus vecinos implica un quiebre para una región que, hasta el momento, garantizaba el libre tránsito para sus ciudadanos. Esta fue uno de los cambios evidentes del año 2020, el recorte de un derecho ganado argumentando que la medida busca prevenir la expansión del COVID-19.

Tanto Varela como Hernández han colaborado con el proyecto Inmovilidad en las Américas, el cual intenta analizar cómo ha impactado las medidas adoptadas ante la pandemia por los Gobiernos de los países latinoamericanos.

En este sentido, Varela argumentó que es evidente que “el sistema de asilo en el mundo está hiperadelgazándose, que éste se engordó a nivel mundial cuando “los blancos de Europa y Sudamérica lo necesitaron, pero se adelgaza ahora para la población del sur”, por lo que sostuvo que no es correcto achacar su disminución a los “ejercicios de cuidado colectivo“, como catalogó a las caravanas.

Hernández explicó que aunque es cierto que hay guatemaltecos saliendo de su país buscando protección internacional como el asilo o el refugio, la mayoría “huye de la escases de oportunidades. No pueden construir un proyecto de vida en Guatemala y se están yendo, siguen una historia migratoria acumulativa para, poco a poco, juntarse con sus familias porque no tienen oportunidades en sus países”, concluyó.

Publicado el 28 enero, 2021 en #Centroamérica, Migración y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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