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La campaña “Paren el robo” de la candidata derrotada del Perú debe terminar

Por Mark Weisbrot, publicado en Rebelión

Perú se enfrenta actualmente a un grave problema tras las elecciones presidenciales del 6 de junio, similar al que tuvimos en Estados Unidos en noviembre. La candidata derrotada, Keiko Fujimori, se niega a aceptar los resultados. Al igual que Trump, afirma sin pruebas que la elección fue robada.

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori; ella era parte de su régimen y promete liberarlo de la prisión si es elegida. Él fue condenado por corrupción y por su papel en brutales violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos políticos y secuestros. Keiko Fujimori enfrenta actualmente cargos por corrupción que incluyen el lavado de dinero, el crimen organizado y la obstrucción de la justicia.

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Denuncia: Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe de estado con mercenarios estadounidenses

Bolivian President Luis Arce (L) and Bolivian former President (2006-2019) Evo Morales raise their fists during the 26th anniversary celebrations of the ruling Movimientos Al Socialismo (MAS) party, in La Paz, on March 29, 2021. (Photo by AIZAR RALDES / AFP) (Photo by AIZAR RALDES/AFP via Getty Images)

Por Laurence Blair y Ryan Grim, publicado en The Intercept

UN ALTO FUNCIONARIO del gobierno boliviano saliente planeó desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos para anular los resultados de las elecciones del país sudamericano de octubre de 2020, según documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas obtenidas por The Intercept.

El objetivo del reclutamiento de mercenarios era impedir por la fuerza que Luis Arce asumiera la presidencia del Movimiento al Socialismo, o MAS, el partido del ex presidente boliviano Evo Morales. La trama continuó a pesar de que Arce, un protegido de Morales, derrotó a un campo abarrotado, ganó el 55 por ciento de los votos en la primera ronda y eliminó la necesidad de una segunda vuelta.

En una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba “trabajando para evitar la aniquilación de mi país”. Las fuerzas armadas y el pueblo tenían que “levantarse”, agregó, “y bloquear una administración de Arce. … Las próximas 72 horas son cruciales “.

Los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las fuerzas armadas, tensos bajo el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados por cargos separados relacionados con la corrupción y su presunto papel en el golpe de 2019.

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ALERTA!!!!!! Rafael Correa denuncia puesta en marcha de “un golpe de Estado” en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció “un golpe de Estado” luego de que la Fiscalía General del país decidiera retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer “una pericia informática forense”. El empresario y candidato presidencial Guillermo Lasso también repudió la decisión del organismo estatal.
 
“Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial”, afirmó Correa en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.
 
Poco antes, Andrés Arauz, candidato presidencial del correismo y ganador en la primera vuelta electoral, realizó la misma denuncia en sus redes sociales.

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Bolivia y el “desconcierto” de las Fuerzas Armadas

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Por Martín Suso, publicado en Alainet

El comandante del Alto Mando Militar boliviano indicó que las FFAA estaban “desconcertadas” debido a la aprehensión y posterior arresto domiciliario del Gral. Alfredo Cuéllar por parte de la Fiscalía, que comenzó a investigar la actuación del ejército en la masacre de Huayllani (Cochabamba) región de la que Cuéllar es responsable. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la CIDH y otras instancias, hubo allí diez personas muertas por disparos de armas de fuego y alrededor de cien heridos. Sugestivamente, no se produjeron bajas entre los efectivos militares o policiales, que para la represión contra los manifestantes contaron no sólo con poderoso armamento sino también con el blindaje que les proporcionó un decreto de la presidenta de facto (el 4078) eximiéndoles de responsabilidades penales.

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Bolivia: Crisis en la dictadura golpista

Por Oscar Rotundo, publicado en Rebelión

Faltando pocas semanas para la realización de elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno de facto, parece haber caído en un estado de crisis institucional y política. Renuncias y destituciones de ministros, acusaciones de corrupción y viajes clandestinos al exterior, que son acompañados por una catarata de encuestas extrañas que sitúan al electorado yendo de un lado al otro con su voto, a gusto del pagador de las mismas, tratando de negar con la especulación, lo que dice la calle y lo que demuestra la magra gestión gubernamental que ha colocado al pueblo boliviano en un tobogán que lo arroja indefectiblemente, a una situación de pobreza desesperante.

Luego de la renuncia de la señora Añez a la candidatura a presidente, que fue interpretada y pregonada por los medios de la derecha como, “un acto de desprendimiento, en aras de lograr la unidad, para derrotar a las fuerzas de Evo Morales”, la realidad no dejaba margen de duda; la crisis de la dictadura entraba en fase terminal.

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Bolivia: Proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP es vulnerar derechos políticos de la mayoría

Por Romina Guadalupe Pérez Ramos, publicada en Resumen Latinoamericano

Como parte de la estrategia post-golpe de Estado, el gobierno de facto, junto a sus aliados políticos han buscado proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP, inhabilitar a su candidato presidencial Luis Arce Catacora, y perseguir políticamente a sus dirigentes.

Con este objetivo han interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE),  y ante los tribunales competentes de justicia varias demandas,  e iniciado procesos penales  que  ya fueron  recepcionados  por la fiscalía.

La decisión política de inhabilitar la  personería jurídica del MAS-IPSP,  es parte de una estrategia que tiene el objetivo de eliminar  del  sistema político formal al instrumento político de los pueblos indígenas originarios y campesinos,  en torno al cual también se articularon intelectuales y profesionales de las capas medias urbanas,  sectores sociales  progresistas e interculturales de la sociedad  identificados con un proyecto  político  y programa  alternativo  al de las elites políticas  que gobernaron el país antes  del ano 2006[1].

Con la implementación  de esta estrategia,    se vulneraria los derechos políticos  de las mayorías nacionales  que tienen no solo una identificación  con el proyecto político y programa del MAS-IPSP, sino  se encuentran articulados orgánicamente a través de sus organizaciones sociales en torno a esta organización política,  denominada por  eso  mismo, “Instrumento Político por  la Soberanía de los Pueblos” (IPSP).  Esto también  explica por qué la mayoría de los candidatos a diputados uninominales de MAS-IPSP,  y  también  parte de los plurinominales,   son nominados por las  organizaciones sociales a través de la democracia directa, participativa y comunitaria,   que es la democracia interna que se ejerce en el MAS- IPSP,   la misma que  complementa y fortalece a  la democracia representativa.  En este sentido,   la representación política del MAS-IPSP  tiene una amplia  base social,  que contrasta con la  de los   candidatos del bloque político opositor que son nominados  “a dedo”  y que la jerga política denomina  “dedocracia”.

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Candidato presidencial en Bolivia reconoce que hubo golpe de Estado y que uno de los promotores del mismo debe estar en la cárcel.

En una entrevista por radio cruceña Andrés Ibáñez (Rai) FM 97,9 divulgada por redes sociales, el polémico candidato del Frente Para la Victoria (FPV) hizo un repaso a la caída de Morales, el 10 de noviembre de 2019, luego de protestas cívicas y políticas que desahuciaron las elecciones del 20 de octubre, en su criterio, fraudulentas.

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¿Aprendimos la lección en Bolivia?

Con el Gobierno de Evo Morales, Bolivia dejó de ser uno de los países más pobres.El  indicador de pobreza disminuyó de 38,2 por ciento en 2005 a 16,1 por ciento en 2017.

El Gobierno de facto de Bolivia no participó en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que se analizó la situación de la vacuna contra la Covid-19.

La rápida propagación del virus letal en Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia, desbordan los sistemas sanitarios del continente, a lo que se suma la corrupción en pleno padecimiento de la enfermedad.

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Reina el silencio sobre el golpe de Estado en Bolivia respaldado por Estados Unidos.

THE GUARDIAN: REINA EL SILENCIO SOBRE GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA RESPALDADO POR EEUU

Por Mark Weisbrot, tomado de Primera Línea.

Bolivia ha caído en una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente elegido de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre del año pasado. Ese mes fue el segundo más mortífero en términos de muertes de civiles causadas por las fuerzas estatales desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), lanzado hace un mes. Lee el resto de esta entrada

Bolivia: Aislamiento internacional del gobierno de facto

Áñez anuncia cierre de embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua - IZCANAL

Por Eduardo Paz Rada, publicado en Alainet

El gobierno de facto de Bolivia que comenzó, en noviembre de 2019, con el respaldo abierto de Estados Unidos y Brasil, que impulsaron y avalaron el Golpe de Estado, y el apoyo menos decidido de los países miembros del Pacto de Lima, se encuentra, a diez meses de mediocre administración, aislado y sin ningún apoyo de la comunidad internacional al incumplir los acuerdos de ser “gobierno de transición” y “convocar a elecciones en mayo de 2020”. Su incapacidad para gestionar las crisis de la pandemia, de la economía y de la política se ha visto más ensombrecida por las denuncias de corrupción en la compra de respiradores e insumos médicos de China y España y en las empresas estatales YPFB, ENTEL y BOA así como los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Salud Pública, Gobierno y Defensa.

Recientemente la Ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, tuvo que retirar su nombre como postulante a la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ante la falta de respaldo de los países miembros de la entidad y ante su inminente salida después de las elecciones del 18 de octubre, habiendo pretendido ser funcionaria de ALADI por al menos tres años. Longaric se caracteriza en su gestión por un discurso conservador proestadounidense, impugnador de los procesos de integración como ALBA, UNASUR y CELAC y de repudio a los gobiernos de Cuba, Irán, con los que rompió relaciones, y de Venezuela, apoyando al autoproclamado y fracasado Juan Guaidó.

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