Actores y escenas al calor de la ofensiva imperial: Bolivia y Cuba.

Publicado en Misión Verdad.

La arremetida del Norte Global, encabezada por Estados Unidos y su batería de métodos de guerra no convencional, sigue impactando la estabilidad de países que no se alinean a los intereses de las élites internas y transnacionales. Diversas son las excusas y coyunturas que sirven para que actores internos, patrocinados por agencias y ONG que ejercen el poder blando impongan escenas en las que prevalezca el caos y la desobediencia.

Esto con el objetivo de que organizaciones internacionales lleven «sanciones» que puedan provocar la intervención militar y buscar la instauración de un gobierno alternativo.

Se trata de un libreto manido en el que los carteles mediáticos, y ahora las Big Tech, son también piezas claves en un entramado en el que se fomentan el descontento y la desconfianza en los gobiernos y sus políticas, además de fortalecer la moral de los insurgentes.

Los casos de Bolivia y Cuba, con gobiernos ya establecidos y atendiendo sus obligaciones constitucionales, son dignos de repaso y análisis.

CAMACHO, PIVOTE DE LA INJERENCIA Y DEL GOLPE PERMANENTE EN BOLIVIA

Una ley anticorrupción sirvió como excusa para desestabilizar la vida de la población boliviana cuando sectores opositores realizaron llamados a paros y protestas. Se trata de la ya abrogada Ley de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT ó 1386) propuesta por el gobierno de Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien rechazó tales movilizaciones por constituir, a su juicio, «pretextos, mentiras y engaños» estimulados por el entorno de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus exministros.

Se refería al del ministro del Interior, Arturo Murillo; el de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López, quienes estarían vinculados a delitos en el marco del golpe de Estado de 2019 contra el gobierno del entonces mandatario Evo Morales.

En una reunión con campesinos en La Paz, Arce recordó que, a finales de noviembre de 2020, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, denunció al líder de la agrupación política Creemos, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis, por supuestos delitos de conspiración, desestabilización, terrorismo y sedición en el marco del golpe, aunque sus casos no han avanzado.

La presencia de Camacho en la estrategia golpista es constante, como se sabe estuvo a la cabeza de las movilizaciones que derrocaron a Morales junto a élites militares y policiales. Un mes luego del golpe se develó un video en el que el mismo Camacho reconocía que su padre había pactado con líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía para aquella operación. El actual gobernador del Departamento de Santa Cruz, bastión de la oposición, confesó que el pacto incluyó a un dirigente minero, quien le ofreció 6 mil mineros llenos de dinamita para derrocar Morales tras su reelección.

Rómulo Calvo (izq.) y su antecesor en la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (centro) favorecieron el derrocamiento de Evo Morales en 2019
«Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’. Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6 mil mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales», dijo.

Según declaró, ese minero jugaba a dos bandos. La mañana de esa jornada Morales le llamó para pedirle que resguardara la plaza Murillo porque los militares le habían dado la espalda, igualmente los policías, y él no permitió al minero que apoyara al expresidente. También recalcó que su padre le dijo que planeaba el derrocamiento y le prometió que se convertiría en presidente después de Morales.

A la tarea de Camacho se ha sumado su sucesor en la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a sumarse «al pueblo», como lo hizo su antecesor. Basados en información falsa posicionan su «lucha» (dijo en reiteradas ocasiones que éste es su tercer round o su última oportunidad para buscar «libertad y democracia»).

Sembraron dudas sobre normas que son claves para la estabilidad institucional perdida durante el gobierno de facto de Áñez y se justifican en rumores en redes sociales, como el de una supuesta movilización de tropas, a pesar de la aclaración de parte del Ejército Nacional: las Fuerzas Armadas están «acuarteladas» para reprimir el paro de los gremialistas, que por eso movilizaron tropas y armamento en los últimos días.

Cabe recordar que esos mismos rumores fueron realidades durante el gobierno de facto, apoyado por Camacho y Calvo, que ejecutó masacres el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 en Senkata, El Alto.

Así como las líneas de financiamiento a este sector vinculado al golpe y al terror desde Estados Unidos y otras latitudes del Norte Global se mantienen claramente intactas, el gobernador muestra serias limitaciones para aplicar las vacunas anticovid a la población que le eligió como prefecto.

LEY ANTICORRUPCIÓN, PROTESTAS Y DIÁLOGO

Durante el primer año de gobierno de Arce, cumplido el pasado 8 de noviembre, ha podido cumplir con el compromiso de lograr la estabilidad política y social para la población, a través del crecimiento económico, la industrialización con sustitución de importaciones y la lucha estructural contra la pandemia del covid-19. Así lo aseveró el mandatario al presentar su primer informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano legislativo del país.

Resaltó que, entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, Bolivia alcanzó un «superávit comercial» de 1 mil 576 millones de dólares, cifra inédita desde 2014. Afirmó que se alcanzó gracias a «una mayor dinamización de las exportaciones», que han aportado al país un promedio mensual de ingresos de 866 millones de dólares.

Explicó que la reversión de las caídas acumuladas del Producto Interno Bruto (PIB) de -12,9% y -12,6% durante el segundo y tercer trimestre de 2020, dejadas por la expresidenta de facto Jeanine Áñez, fue lograda tras la implementación de distintas medidas para «reconstruir la economía» y dar con el «manejo adecuado» de la pandemia del covid-19.

La LGI/FT, aprobada en agosto pasado, respondía al cumplimiento de un compromiso del Estado boliviano en el ámbito internacional con la ONU, con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros, en materia de prevención y lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Se proponía como un esfuerzo de órganos y entidades del Estado con un enfoque multidimensional que significa encarar esta problemática desde tres frentes de ataque: 1) la prevención; 2) la detección e inteligencia; y 3) la represión y justicia penal, incluyendo la consideración de asuntos de carácter transversal, con lo que estratégicamente se cubrirían todas las áreas de acción.

Medios opositores incubaron la matriz del «paquetazo normativo» que afectaría a los transportistas, comerciantes, trabajadores por cuenta propia u otros. Los más moderados plantearon que la norma otorgaría poder irrestricto a la llamada Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para indagar a todos los bolivianos a discreción. Como es costumbre de la derecha, alentaron a sectores asalariados e informales a defender los privilegios de las élites financieras y terratenientes, al más puro estilo del macarthismo con que han operado por lo menos 70 años.

Una de las críticas fue realizada al anexo, en la sección de aspectos esenciales de la lucha contra la LGI/FT. Allí se cita como una vulnerabilidad la prevalencia de las condiciones de informalidad en la economía, lo que permite a las organizaciones criminales la posibilidad de abrir negocios y usarlos para ingresar los recursos de su actividad criminal a la economía. Para ello la UIF, como otras entidades estatales, debían «conformar una comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia en los riesgos de LGI/FT en ese sector».

Senadores de la oposición indicaron que, al ser la economía de Bolivia 80% informal, ello generaría un régimen represivo, ya que todas las personas que realicen operaciones fuera del sistema financiero serían sospechosas. Con ese y otros argumentos similares, los comités cívicos, grupos de la extrema derecha, movilizaron a las patronales del sector transporte, comercio y salud, quienes llamaron a la paralización de las actividades en todo el país y a «tumbar al gobierno» mediante una escalada violenta desde el 8 de noviembre hasta que se abrogara la también llamada «Ley Madre». Según el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no derogaba la norma, irían a un paro indefinido.

Además, la Federación de Profesionales de Santa Cruz rechazó la tramitación de la Ley 342 y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, porque supuestamente le quitaría a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificación, financiamiento y ejecución de sus planes, lo que fue negado por el gobierno a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. El funcionario recordó que la Constitución boliviana establece que el Estado define la política económica y la planificación nacional, por lo que «no se está violando absolutamente nada».

En Potosí fue asesinado Basilio Titi Tipolo, de 22 años, en medio de enfrentamientos con integrantes del Comité Cívico Potosinista (CONCIPO) el martes 9. Tomaron de rehenes a dos indígenas, los golpearon y obligaron a caminar junto a ellos mientras los insultaban. Se registraron 63 heridos, uno de gravedad. Este suceso radicalizó el paro, dejando en evidencia que la policía no cumplía su función de impedir los enfrentamientos y poniendo en escena todos los elementos de una revolución de color.

Mediante una campaña mediática los sectores profesionales e informales fueron inducidos a sumarse a la puesta en escena de un paro indefinido para protestar contra una ley anticorrupción dirigida a élites saqueadoras, no a las mayorías

El viernes pasado el presidente Arce convocó a una reunión a todos los gremios del país, sin restricción alguna para conversar y analizar algunos aspectos de la LGI/FT a lo que la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia puso la derogación de la norma como condición para acudir a cualquier encuentro con el gobierno.

El sábado 13, luego de reunirse con los gremios decidió abrogar la referida ley declarando: «Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando, enlutando y paralizando nuestra economía».

Agregó que, aunque movimientos sociales convocaron el debate de la ley, sectores extremistas la utilizaron para generar desestabilización: «Hay una agenda política en ese cuestionamiento a la ley, hemos escuchado los acuerdos suscritos entre los ministros que se han desplazado a los nueve departamentos con organizaciones sociales donde hay propuestas para modificar artículos de la ley», acotó.

En ese mismo encuentro diversos representantes de gremios (campesinos, transportistas y trabajadores) expresaron la defensa a la democracia y constitucionalidad del país andino. Al mismo tiempo, advirtieron que los denominados comités cívicos pretenden dar otro golpe de Estado.

CUBA: LA MARCHA (O PUESTA EN ESCENA) QUE NO FUE

El asedio a Cuba, que lleva más de medio siglo, ha desbloqueado un nuevo nivel de golpe blando en el que la Casa Blanca no ha hecho un mínimo esfuerzo por disimular su liderazgo y financiamiento. Quizás lo novedoso sea el protagonismo cada vez mayor de las llamadas Big Tech como Twitter y Facebook, que han operado de manera directa en el transcurso de la última oleada conspirativa que tuvo como episodio cumbre la fallida marcha del pasado lunes 15 de noviembre.

Un dramaturgo cubano llamado Yunior García Aguilera, líder de la plataforma Archipiélago, solicitó el pasado 12 de octubre permiso a las autoridades de La Habana Vieja para la realización de una marcha con «fines pacíficos». Dicha petición se sustentó en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, así como otras demandas de una iniciativa cívica y simultánea que se realizaría en todo el país.

Se trataba de «La marcha por el cambio» que ha sido calificada por medios cubanos como un intento por generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad, justo el día en que el país abriría sus fronteras internacionales y más de 1 millón 600 mil estudiantes retornaban a las escuelas.

Si bien el referido artículo 56 establece que «los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas por la ley», también el artículo 45 determina que «el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes», por lo que la petición fue negada.

Fue a través del testimonio de un agente de la Seguridad del Estado cubano, llamado Carlos Leonardo Vázquez, que se hizo pública la intención de los promotores de la marcha. El agente, quien fue «Fernando» durante 25 años, reveló los vínculos entre organizaciones terroristas y sus representantes radicados en Estados Unidos con los organizadores.

Junto a García Aguilera, Vázquez participó en un taller de formación que la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos) programó en 2019 sobre «el papel de las fuerzas armadas en un proceso de transición». Allí estuvo Richard Youngs, experto del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, con sede en Washington, en protestas públicas como método de cambio, político y social, quien presentó las «nuevas formas de activismo cívico en busca de la instauración de un capitalismo fundamentalista y privatizador», como publicó el medio Cubadebate.

Yunior García Aguilera junto al agente «Fernando» en el taller sobre «El papel de las fuerzas armadas en un proceso de transición», auspiciado por la Universidad Saint Louis, en su filial en Madrid

Respecto a la movilización (o puesta en escena) fallida, que mantuvo su convocatoria a pesar de no contar con el beneplácito de las autoridades de la isla, Vázquez afirmó el pasado 1° de noviembre que «está convocando a una marcha que dice él que es pacífica, pero él sabe que no lo es. Porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales. Yunior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo y eso no lo permitiremos».

El miércoles 10, la cancillería cubana afirmó que la administración Biden se había implicado directamente en la promoción de futuras movilizaciones, a pesar de que su embajada en la isla «no cumple desde hace años oficio diplomático alguno» y sus funcionarios ejercen «de niñeros de los exponentes contrarrevolucionarios y provocadores».

García Aguilera formó un grupo en Facebook que cuenta con más de 33 mil seguidores entre los cuales se cuentan quienes denuncian acoso por su activismo, se quejan de ser seguidos por agentes de seguridad del Estado vestidos de civil y de recibir amenazas por parte de funcionarios del gobierno. Mientras otros emiten mensajes amenazantes y violentos que rara vez son censurados por la red social.

Durante los eventos del 11 de julio pasado, García Aguilera acudió al Instituto Cubano de Radio y Televisión para hacer una intervención pública de 15 minutos, cumpliendo los manuales de guerra no convencional aplicados en Venezuela, Nicaragua y Yugoslavia. En aquella ocasión grupos anticastristas, alentados vía redes sociales desde Miami, salieron a las calles para protestar «por la falta de alimentos y medicinas», mientras el país atraviesa una grave crisis económica a causa de la intensificación de las «sanciones» de Estados Unidos instrumentadas por la administración Trump (sostenidas por Biden) y agravadas por la pandemia de covid-19.

El grupo Cubalex, gestionado desde Miami, ha denunciado que al menos 1 mil 175 cubanos fueron arrestados luego de aquellas protestas que pedían al gobierno abandonar el poder y amenazaban con generar violencia hasta que ello ocurriera. El gobierno ha declarado que detuvieron a los manifestantes que atacaron a la policía y saquearon tiendas mientras muchos operadores mediáticos se quejan de que fueron arrestados violentamente por marchar pacíficamente o simplemente por filmar las protestas.

Los seguidores del grupo virtual también acusan a la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba de impedirles enviar mensajes de texto con la palabra archipiélago en español o la fecha de su protesta planificada.

En octubre pasado el gobierno de Estados Unidos rechazó la decisión del gobierno de Cuba de negar el permiso de una «protesta pacífica» aduciendo que «al negarse a permitir dichas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos».

En otra alocución el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo, a riesgo de parecer sarcasmo, que «el régimen cubano no está satisfaciendo las necesidades más básicas de la gente. Eso incluye la comida. Eso incluye la medicina. Ahora es una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer un cambio positivo», a la vez que advertía al gobierno cubano que si impedía que se llevara a cabo la marcha, la isla podría enfrentar nuevas «sanciones» económicas.

Al final del lunes 15 los carteles mediáticos denunciaban el fracaso de la movilización apoyada por reconocidas figuras de ultraderecha como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Orlando Gutiérrez Boronat, siempre desde la épica victimista que les acompaña cuando fracasan pero que se revitaliza cuando la Casa Blanca instrumenta otra medida genocida.

OPERADORES DEL GOLPE BLANDO

García Aguilera viajó a Argentina a comienzos de 2018 para participar en un evento coordinado por el proyecto «Tiempo de cambios y el nuevo rol de las fuerzas armadas en Cuba» cuyos objetivos, según la web de la Universidad Torcuato Di Tella, eran:

  1. «Dar continuidad al estudio de las FAR, tanto por medio de entrevistas, análisis de la información circulante, contactos por mail para poder transmitir adecuadamente a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro», decía.
  2. «Cooperar con actores cubanos para que ellos puedan generar actividades que les permitan vincularse con miembros de las FAR abiertos a los procesos de cambio».
  3. «Incentivar a actores de la sociedad civil para que difundan conocimientos y actividades sobre las FAR».

El sitio web Razones de Cuba reveló que en este encuentro el líder de Archipiélago intercambió con las lideresas del proyecto «Diálogo sobre Cuba», las académicas Ruth Diamint y Laura Tedesco. Vázquez también relató: «En septiembre de 2019 participamos en un evento sobre el papel de las fuerzas armadas en un proceso de transición», agregando que «los participantes todos éramos cubanos de diferentes sectores, médicos, periodistas, historiadores».

«Allí en ese taller se encontraba Yunior García Aguilera (…) En este taller donde yo participé, obedece a un proyecto que está llevado a cabo por expertos de diferentes lugares del mundo. Existen muchas organizaciones que son financiadas por los Estados Unidos como la NED, Instituto por la Libertad (IPL), People In Need, CADAL, que tienen como objetivo derrocar la Revolución Cubana».

El mentor de movimientos golpistas en el continente y expresidente español, Felipe González, participó en el mismo taller, auspiciado por la Universidad de Saint Louis, con una subsede en Madrid, el mismo que en 1983 creó los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), responsables de secuestros, torturas y asesinatos contra civiles.

También Manuel Cuesta Morúa, quien trabaja para la NED desde 2014 y orquestó los planes provocadores contra las cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, y la Cumbre de las Américas en Panamá, en 2015, a este García Aguilera le confesó que «admiraba su figura de disidente político y que se podrían en contacto en algún momento para abordar algunos temas».

El operador Yunior García Aguilera se presenta como promotor de movilizaciones pacíficas pero tanto sus nexos como agendas mantienen una naturaleza violenta e intervencionista

En noviembre de 2020, el líder de Archipiélago se presentó frente al Ministerio de Cultura, en el marco de la movilización que impulsó el Movimiento San Isidro, para «convocar a creadores e intelectuales inconformes con la gestión de las instituciones del sector a irrespetar la ley», escudado tras un supuesto posicionamiento artístico. Además, su afán de negar vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense es tan evidente como su identificación, desde 2017, con el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, dirigido hasta marzo pasado por William Joseph Burns, actual director de la CIA.

García Aguilera incluso reconoció su relación con el encargado de negocios de la embajada de Washington en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, mas no sus vínculos con un asiduo visitante a Cuba: Alexander Augustine Marceil. Se trata de un funcionario de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado que ha visitado tres veces la isla entre 2019 y 2021 para reunirse con fichas del oposicionismo anticastrista.

Hay más actores:

  • Ramón Saúl Sánchez Rizo, presidente del Movimiento Democracia vinculado con organizaciones terroristas como Alpha 66, Omega 7 (considerada por el FBI como «la organización terrorista más peligrosa de los Estados Unidos»), Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU) y el Frente Nacional de Liberación de Cuba, acusado en 1982 de participar en el atentado contra Raúl Roa Kourí, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas.
  • Saily González Velázquez, vocera de la plataforma Archipiélago en Villa Clara, quien en una entrevista a ADN Cuba dijo que «lo que estoy haciendo es informándome con personas como Omar López, otras personas que nos están asesorando con el tema de la resistencia pacífica y de la lucha no violenta».
  • Omar López Montenegro es el director de derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, protectora de los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosh Ávila, autores de la voladura del avión de Cubana de Aviación donde perdieron la vida 73 pasajeros, entre ellos el equipo juvenil de esgrima.

SÍNTESIS DE LA OFENSIVA IMPERIAL

El flujo de fondos, agendas golpistas, agentes injerencistas y presiones multifactoriales son el metabolismo de la guerra híbrida que pareciera tener largo aliento y no detenerse ante elecciones o legislaciones por muy genuinas y legítimas que sean.

En el caso de Bolivia, la «Ley Madre» constituía una amenaza a esa danza de dinero para la injerencia, aspecto curioso que retrasen la lucha contra la corrupción mientras Estados Unidos «sanciona» países por supuestos esquemas de corrupción en sus gobiernos.

Por su parte, en Cuba parece no terminar el desfile de actores y operadores sumados a agendas subversivas que cuestan miles de dólares y en los que se ha innovado al sumar a movimientos culturales en roles organizativos y de dirección.

El abandono del ejercicio de la política en el territorio para acogerse al caos y la violencia es quizás el dato más crítico de esta nueva doctrina golpista a la que son sometidos los Estados asumidos como soberanos de manera integral.

Publicado el 18 noviembre, 2021 en Bolivia, Cuba y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. 1 comentario.

  1. arnaldoperezguerra

    Reblogueó esto en http://www.liberacion.cl.

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