Ecuador: Un nuevo plan en ciernes contra el progresismo

Por Erika Sylva Charvet, publicado en Ruta Krítica, Ecuador.

El Plan A de la derecha de cara a las elecciones presidenciales del 2021, fue la anulación del progresismo de la escena política proscribiendo a sus cuadros dirigentes, principalmente a Rafael Correa, lo que lograron con el triunfo del SI en la consulta mañosa del 4 de febrero de 2018. Pese a todos sus esfuerzos, no pudieron destruir a Correa ni a la corriente que lidera, lo que pudo evidenciarse en el triunfo del progresismo en las elecciones seccionales y del CPCCS el 24 de marzo del 2019. Fue evidente, entonces, que su Plan A no les garantizaba su triunfo en las elecciones del 2021.

Cuando a mediados del 2020 se empezaron a nominar las candidaturas presidenciales, la creación de una opción política unitaria para su proyecto económico orgánico (neoliberal) aparecía como un Plan B factible para la derecha.  Fue así cómo nació la alianza CREO-PSC con proyección de ganar otros apoyos, cuestión que no lo logró, pese a que hubo gestos y llamados de algunos precandidatos a hacerlo, tales como Sonnenholzner, Montúfar, e incluso el propio Alvaro Noboa quien el 22 de agosto de ese año anunció la declinación de su precandidatura presidencial en aras de la formación de un “frente anticorreísta”. Empero, la respuesta del sistema político a esta tentativa de unidad orgánica fue la histórica reproducción de su fragmentación y dispersión ya evidenciada en las seccionales de 2019. Así, en una cifra inédita, 16 binomios fueron calificados en firme hasta diciembre de 2020, de los cuales quince son declaradamente antiprogresistas y pro-neoliberales, mientras uno solo se declara abiertamente progresista.  De manera que, el Plan B tampoco le resultaría viable.

Cuando el progresismo pateó el tablero proponiendo la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa, el bloque derechista improvisó desesperado el Plan C orientado a erradicar de la escena al ex Presidente.  Fue un triunfo pírrico de la Función Judicial que forzó una sentencia “express” con una intencionalidad desembozada de proscribirlo para siempre de la política del país.  Creyeron que con esta sentencia que pretendía estigmatizarlo como “reo de la justicia”, eliminaban a la opción progresista.  Sin embargo, al parecer la sucia maniobra se desenmascaró ante los ojos del electorado porque pese a todos los esfuerzos desde el 2017 y, especialmente, con el denominado “caso Sobornos”, el binomio Arauz-Rabascal, siguió prendiendo en el electorado manteniéndose como su opción preferente. Así pues, fracasó el Plan C.

Impotente para frenar al progresismo representado por el Binomio de la Esperanza, la derecha mostró otra cara de su demencia apostando por un cuarto plan (Plan D) abiertamente ilegítimo:  sacar al binomio Aráuz-Rabascal de la contienda electoral impidiendo su calificación. Aun cuando este plan constituía su indiscutible suicidio político, siguió adelante con él, sometiendo al binomio progresista a un verdadero vía crucis desde el 27-08-2020, cuando Arauz inscribió formalmente su candidatura, hasta el 8-12-2020 cuando el Pleno del CNE calificó en firme al binomio, decisión solo lograda debido a la movilización de centenares de colectivos en plantones y protestas en todo el país y de las voces indignadas de organismos y personalidades a nivel nacional e internacional demandando su calificación.  El cuarto plan volvió a fallar.

La permanente conspiración contra el proyecto progresista ha implicado un desmantelamiento del Estado de Derecho generando un clima de incertidumbre que sigue dominando el actual proceso electoral. Esta incertidumbre tiene que ver con lo que se dirime en estas elecciones: o continúa el saqueo de la Patria, o se lo detiene.  Y existe la fuerza capaz de hacerlo.  Por ello, parecería prefigurarse un nuevo plan, un Plan E, en boca del fracasado precandidato Álvaro Noboa Pontón, con sus recientes declaraciones de llevar adelante una campaña para “anular las elecciones del 2021”.  ¿El pretexto?  Que la Función Electoral no calificó la candidatura presidencial del millonario por el Movimiento Justicia Social (MJS), organización a la que, según un vocal del CNE, habría “comprado”  apresuradamente luego de que el 8 de septiembre de 2020 el TCE ratificara, finalmente, la eliminación de Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), otro partido de su propiedad personal, por incumplir el Art. 327 del Código de la Democracia.

La pugna entre el CNE y el TCE en torno a la candidatura de Noboa, que se extendió desde fines de 2019 hasta fines de 2020, y en la que el TCE se ha erigido en una mediación favorable a las “causas” del millonario como precandidato de AEA y recientemente del MJS, parecerían mostrar las agudas contradicciones de la gran oligarquía ecuatoriana en torno a los jugosos negocios que se les abrirían con las privatizaciones de los activos públicos, de ganar las elecciones – que ya aparecieron a propósito de la venta del Banco del Pacífico hace algunos meses-. Si entre ellas se pelean tan encarnizadamente por el poder político, ¡qué no estarán dispuestas a hacer contra quienes consideran sus enemigos!

Es por ello que el reciente discurso de Noboa no debe ser tomado a la ligera.  Más bien debe interpretarse como una carta deslegitimadora del mismo proceso electoral a ser usada a conveniencia de la derecha, lo cual mostraría el nuevo Plan E de las oligarquías y del imperialismo para frenar el triunfo electoral, y, específicamente, la recuperación del poder político por parte de las fuerzas progresistas.

Publicado el 3 enero, 2021 en América Latina, Ecuador y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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