El Salvador: víctimas sin la certeza de una Ley de Reconciliación.

La Audiencia de seguimiento realizada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó claro que tanto la Asamblea Legislativa, como el Órgano Ejecutivo no han generado avances sustanciales para generar un marco jurídico para las víctimas del conflicto armado.

“Más allá de la desobediencia y destrucción del Estado democrático, que implica el saltarse la independencia de órganos, más allá de todo eso, se debe buscar la equidad en la aplicación de la justicia, un compromiso ético”, dijo Eduardo García, director de la Asociación Pro Búsqueda, a Diario Co Latino.

– ¿ Qué consideran las víctimas como lo más importante?

La visión de las organizaciones en este trasfondo son las víctimas que pocas veces como ciudadanía, se retoma.

Donde, más allá que se cumpla la ley, de reparación moral, el fortalecimiento de lo ético de como sanar esas heridas, debe ser por una interacción y no  por decreto o ley, eso no sana las heridas.

– ¿Cree que falta mucho para avanzar?

Es que, no es sólo pedir perdón. Si un acto de perdón dura cinco minutos y la gratificación de las personas, luego ya no sirve. El acto de perdón debe ser perdurable en el tiempo y hasta el momento no hemos tenido un acto de perdón de esta naturaleza.

– ¿Qué faltaría sobre este acto de perdón? 

Hay actos que han sacado la alegría o la sonrisa ese día en las víctimas pero les ha sabido poco, entonces, nos tenemos que plantear quiénes deben pedir perdón el señor presidente, el ministro, la Fuerza Armada. En fin hay que reflexionar.

– ¿Cuál es su valoración de  la coyuntura política con los expedientes militares? 

Más allá de la desobediencia y destrucción del Estado democrático, que implica el saltarse la independencia de órganos, más allá de todo eso.

No podemos obviar la importancia de la justicia para las víctimas.

Un ejemplo, la semana pasada, un joven marero de 19 o 25 años, que le han probado que asesinó a varias personas, fue  sentenciado a 700 años de prisión, claro, todo esto va a quedar en 30 años, porque es una cadena perpetua, y se aplica la máxima condena, mató a 8 personas, el delito es grave y lo amerita. Y los militares implicados en las masacres ¿Qué?

– ¿Qué creen ustedes? 

Y estamos en el debate todavía, que si los asesinos que mataron miles de campesinos con saña, qué condena tendrán, pintar caritas en el Tin Marín o van a ir presos, ese es el debate social.

Para la persona es la misma gravedad, es el mismo dolor que haya sido ayer o hace 30 años, entonces, si no somos capaces de entender esto, la ley es injusta. Es una normativa injusta, no es equilibrada, entonces, hay que adaptarla a la gravedad de los crímenes y el tiempo transcurrido.

Porque, no es sólo que te mataron un ser querido, sino el daño que te han seguido haciendo innecesariamente por 30 o 40 años y negarle la justicia, eso es lo que ha implementado en El Salvador.

– ¿Qué esperan de la Sala de lo Constitucional? 

Hay un primer escenario en donde la Sala de lo Constitucional se límite a dar seguimiento a su resolución, a una ley que no tiene aún un carácter legal, que no ha sido publicada, que no está funcionando y que ha sido vetada por el presidente Nayib Bukele. Y que ellos, se queden en una controversia de lo que están de acuerdo o no en esos artículos, que sería nefasto.

El otro caso sería una revisión de todo el proceso de sentencia, de todo, – es el que apoyamos nosotros – que puedan constatar lo que han tenido las víctimas que pasar en la formulación de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que debe sustituir a Ley de Amnistía.

– ¿Qué comprobarán de las víctimas? 

Todo lo que se ha tenido que hacer para corroborar que ese proceso la ley no ha sido participativa, no ha sido gratificante para las víctimas, y, porque no han sido convocados, no han trabajado articuladamente, y puesto sobre la mesa todas estas cosas que hemos venido señalando.

Y que además incluyan aquellos artículos que están dentro de la ley, que no han sido vetados por el presidente, por tanto, quedan fuera de la controversia de la  audiencia de la Sala, luego de los informes, aunque puede ser un incumplimiento de sentencia.

– ¿Cuál incumplimiento es el más evidente? 

¿Qué pasa con los artículos del 20 al 25 de la ley?  que creo se refieren a los archivos militares, que el presidente (Nayib Bukele) no vetó, pero aceptó que no estén abiertos  porque así  se lo plantearon públicamente.

Cuando eso es de relevancia grande para las víctimas, para las investigaciones es como aceptar la investigación pero no les dan herramientas para realizarlo.

 ¿Cómo aceptar su búsqueda, pero sin oportunidad de tener acceso a la información? 

Es  como dar información, pero que no lo investiguen, y si de casualidad se consigue una información – por fuera, no oficial – con  mucho trabajo e inversión de tiempo, por parte de las víctimas – y qué hacen – te limitan con 6 meses, para que no prospere. En el caso que presentes un experto, te dan 6 meses de límite de tiempo.

– ¿Qué con las condenas? 

Con eso, si tienen más de 60 años, hablan de no meterle una pena muy grande al acusado, porque el pobrecito tiene una enfermedad crónica, la ley está diseñada para que no haya una sanción penal.

Hace unos años en un foro de abogados de los defensores de los militares, preguntaban – si estos ancianos representaban un peligro para la sociedad. Ya estaban mayores con 60, 70 o 90 años, que más peligro, y para qué sancionarlos.

– ¿Ustedes que creen?

Es  que ellos no son el peligro, sino lo que simbolizan, y es muy evidente. El peligro no es el anciano que no es nocivo para la sociedad, sino lo que  han hecho, una apología de todo eso, con que una ley militar que está por encima de la ley civil y como repercute en el ámbito democrático, entonces, si deben ser sancionados.

– ¿Qué se fiscalice todo el proceso de formación de ley de Reconciliación? 

Queremos que se revise integralmente, la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, y digo porque la Asamblea Legislativa ha acumulado  todas las leyes que amparan a las víctimas.

Ahora mismo hablo de la Comisión Nacional de Búsqueda; hablo de la ley para la Creación de un Banco Genético. Hablamos de una ley de Reparación Integral de Víctimas, entonces, todas esas leyes han quedado estancada en el seno de la Asamblea Legislativa.  Los tres órganos del Estado deberían ser más humanos ante el deterioro mental y físico de una madre que busca a su hijo, por 40 años, y que solo espera justicia para su hijo. Esto es un acto de crueldad extrema a una persona que en la etapa que finaliza su vida y con tanto dolor, quiere darle dignidad a su familia. Entonces, el Estado debe responsabilizarse y darle justicia y reparación. Porque quien respeta los derechos humanos, avanza, no retrocede.

Publicado el 3 noviembre, 2020 en El Salvador, Uncategorized y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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