Ecuador: Política de shock.

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Por Isaías Campaña, tomado de ALAINET.

La doctrina de Friedman

Milton Friedman, el más destacado representante de la Escuela de Chicago, predicaba el liberalismo económico y la no intervención del Estado en la economía que lo consideraba como un obstáculo para el desarrollo económico.

El premio Nobel, que obtuvo en 1976, afirmaba que la propiedad privada es la base del intercambio, la justicia y el progreso de la sociedad. Promovía el “laissez faire” capitalista y creía en la mano invisible de Adam Smith maximiza automáticamente tanto el bienestar individual como de la sociedad.

Friedman defendió el libre comercio, la política de libre inmigración y la globalización. Se opuso a los controles de cambio, precios, rentas y salarios, incluyendo el salario mínimo. Rechazó la planificación central, se opuso al déficit fiscal y a los impuestos progresivos y defendió las alternativas del mercado libre sobre la educación y la salud. En contracorriente al keynesianismo, propuso la privatización, desregulación y desnacionalización de las empresas públicas (Ravier, 2011).

En su extremo liberalismo llegó a plantear la eliminación de la Reserva Federal en Estado Unidos. En una de sus últimas cartas, agosto de 2006, manifestó: “… mejor sería abolir la Reserva federal y dar un mandato a la Tesorería para que mantenga el dinero de alto poder en un nivel constante” (Ibídem).

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía keynesiana era predominante en el mundo, la Escuela de Chicago era considerada un bastión del extremismo. Sin embargo, a mediados de la década del 70 comenzó a ser una doctrina relevante en el mundo occidental.

Ecuador: las incoherencias del “Gobierno de todos”

El binomio Moreno-Glass, del Movimiento Alianza País, presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el Programa de Gobierno 2017-2021, titulado “Un programa para la sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno” (Programa, 2017).

En el tema de la “honestidad” el programa dice:

“Asumimos la honestidad en todas sus formas. Nos caracteriza la concordancia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Nos guiamos por la rectitud, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el imperio de la ley en el manejo de lo público”.

En mayo de 2017, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el Secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, viajaron a Panamá y mantuvieron una reunión con Abdalá Bucaram, con el propósito de “proteger y defender” el proceso político en Ecuador. El ex presidente estaba exilado porque fue acusado de corrupción por el manejo indebido de “gastos reservados”. Ningún acuerdo político es gratuito, en determinados medios de comunicación se informaba que presuntamente a cambio del acuerdo se había entregado el manejo de la Corporación Nacional de Electricidad (Cenel).

En la ciudad de Guayaquil desde inicios del “Gobierno de todos” era vox populi que el hospital más grande del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) era manejado por un círculo cercano a la familia a la familia Bucaram.

Periodismo de Investigación publicó un artículo titulado “El Hospital desahuciado por la corrupción”, 30 de octubre de 2019, donde se manifiesta: “La corrupción ha llegado a tales niveles que se desató una metástasis en todo su sistema. Se trata del hospital del IESS de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo, ubicado al sur de la ciudad. Lo que pasa en este hospital no pasa en ninguno en las mismas dimensiones”.

En 2018, el IESS destinó 195 millones a escala nacional para la compra de medicinas e insumos, de esa cantidad USD 70 millones se destinaron únicamente al hospital Teodoro Maldonado Carbo, equivalente al 36% del gasto total. Se realizaban adquisiciones de medicinas e insumos con sobreprecios de 100, 200, 300% en ciertos contratos, compras sin requerimientos médicos, en los concursos de precios se daban “pujas” hasta entre hermanos (Ibídem).

En medio de la pandemia del coronavirus salieron a luz pública escandalosos hechos de corrupción en el Teodoro Maldonado Carbo. La Fiscalía allanó la vivienda de Abdalá Bucaram, donde se encontraron insumos médicos, mascarillas y pruebas rápidas. El patriarca de la familia por decisión de un juez cumple arresto domiciliario con fines investigativos y sus hijos Michel y Dalo, así como su nuera, Gabriela Pazmiño, tienen orden de captura.

Se sugiere que el círculo también tendría incidencia en la venta de insumos médicos en los hospitales Abel Gilbert Pontón, Los Ceibos en el puerto principal, y en los hospitales de Durán, Milagro y Zamborondón.

La corrupción se ha vuelto crónica en las administraciones del Movimiento Alianza País y eso ha significado decenas de miles de millones de dólares perdidos, en construcciones no realizadas o mal hechas, compras de bienes caducados o con sobre precios, en las condiciones de confinamiento de la población es una verdadera tragedia nacional.

En las administraciones del Movimiento Alianza País se invirtieron más de USD 1.000 millones en becas para estudios de maestrías y doctorados en diversas ramas del conocimiento. Los beneficiarios fueron 28.000 estudiantes, de los cuales 11.000 realizaron estudios en el exterior, cuya inversión fue superior a USD 800 millones. Sin embargo, no se conoce cuántos becarios se quedaron en el exterior o si han sido requeridos por el sector privado y el sector público.

La meritocracia que promovía el Movimiento Alianza País en los hechos fue una quimera. En base acuerdos políticos para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, resoluciones y/o aprobar proyectos de ley, se designaron a importantes cargos en las diversas instituciones y organismos del Estado.

En un artículo publicado por la Fundación 1000 Hojas titulado “El gran reparto”, 15 de junio de 2020, se afirma que semanas antes de la elección César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional en el despacho de la ministra del Interior se alcanzó el acuerdo con el Bloque parlamentario Badi, el asambleísta amazónico Eliseo Azuero entregó la carpeta de su amigo personal René Tamayo para que dirija el Servicio de Contratación de Obras (Secob). En la sesión del directorio, presidido por el secretario general de la Presidencia fue designado René Tamayo, Director General de la Secob.

Tamayo, una vez en funciones, dio por terminado los contratos que su predecesor había firmado para las construcciones de los hospitales de Bahía de Caráquez y Pedernales e inmediatamente entregó a consorcios recomendados. El Ministerio de Finanzas transfirió a la cuenta en BanEcuador USD 8,2 millones como adelanto para la construcción del hospital de Pedernales e inmediatamente los contratistas retiraron USD 7,3 millones. El 5 de mayo mediante un operativo policial fue detenido René Tamayo por acusación de delincuencia organizada. En el mismo operativo fue capturado el asambleísta Daniel Mendoza que figura como cabecilla del grupo (Ibídem).

La corrupción brotó como hongos en los diversos hospitales del IESS y públicos, así como en instituciones del Estado. Un significativo número de asambleístas estuvieron involucrados en actividades irregulares y en el cobró de los llamados “diezmos” a sus subalternos.

En la Prefectura del Guayas se realizaron compras de pruebas rápidas por un valor de USD 585.000 para detectar el coronavirus y mascarillas supuestamente con sobreprecios. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Prefectura y la oficina de la empresa proveedora. Días después, se detuvo al prefecto, que iba a ser investigado por presunto tráfico de influencias, pero un infarto fulminante terminó con su vida.

En la capital de la República se realizaron compras de 100.00 pruebas PCR por un valor de USD 3,7 millones para detectar el COVID-19 con supuestos sobreprecios por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en la Secretaría de Salud y en la empresa proveedora.

El presidente Lenin Moreno dejó archivado el “Programa de Gobierno” presentado al CNE y nombró a destacadas figuras y/o representantes de los gremios empresariales a las carteras más importantes del Estado, quienes promovieron un nuevo acuerdo con el FMI. A los 16 años Ecuador volvió a firmar una nueva Carta de Intención con el organismo multilateral para recibir créditos por USD 4.200 millones, pero a condición de ejecutar un programa de corte neoliberal orientado a reducir el peso del Estado en la economía.

El Ejecutivo se comprometió en la Carta de Intención a revertir la tendencia que venía registrando la relación deuda pública-PIB, que crecía en forma sostenida, y reducirla por debajo del techo del 40% que estaba fijado en la Ley. No obstante, ha continuado con una agresiva política de endeudamiento público, no para inversiones productivas que podrían generar excedentes económicos y crear fuentes de empleo, sino básicamente para gastos corrientes y servicio de la deuda pública.

En vez de bajar la relación deuda pública-PIB, el “Gobierno de todos” elevó el indicador sustancialmente. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, abril de 2020, la deuda pública se ubicaba en USD 57.181,5 millones, equivalente al 52,1% del PIB, dato poco confiable puesto se relaciona con un PIB, cuyo un valor es de USD 109.667,5 millones, cuando la economía se estima que se va a contraer en más del 8 %, de acuerdo a las estimaciones oficiales.

Según el Banco Central del Ecuador, de enero a abril de 2020, el servicio de la deuda pública fue por intereses 868,7 millones y amortizaciones 1.659,5 millones que en conjunto suma más de USD 2.528 millones (BCE, 2020). El Ministerio de Economía, en abril, en plena pandemia del coronavirus pagó en forma oficial USD 1.000 millones a los bancos de inversión Credi Suisse y Goldman Sachs. En junio se canceló USD 370 millones al segundo banco de inversión para recuperar oro y bonos que estaban como garantía.

El “Gobierno de todos” se encuentra acorralado por las obligaciones financieras que tiene pendiente con el IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), gobiernos autónomos descentralizados (GADs), sueldos y salarios atrasados de empleados y trabajadores, universidades y escuelas politécnicas, ventas anticipadas de petróleo, organismos multilaterales, tenedores de bonos, gobiernos, entre otros.

El 17 de mayo de 2019, el presidente Moreno afirmó que la deuda adquirida por su predecesor llegó hasta los 75.000 millones y que el servicio de la misma era de alrededor de USD 11.000 millones, por lo que a la fecha el monto podría estar cerca de los USD 90.000 millones si se incluye todas las obligaciones pendientes de pago.

La obsesión de las élites empresariales es bajar el excesivo gasto público, especialmente la masa salarial equivalente a USD 8.897 millones, pero no reconocen que el elevado gasto público se debe precisamente a la corrupción reinante en el país que representa miles de millones de dólares perdidos y al agresivo endeudamiento público, cuyo servicio de amortización e intereses crecen como una bola de nieve a medida que transcurre el tiempo.

El “Gobierno de todos” aprovechó el confinamiento de la población para ejecutar políticas de shock

Los gobiernos dictatoriales de Chile y Argentina utilizaron sistemáticamente el encarcelamiento, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas y crearon un clima de terror para establecer políticas ultra liberales. A su vez, el “Gobierno de todos” se aprovechó del confinamiento de la población y del miedo que ha causado el coronavirus para ejecutar políticas de shock a fines a los compromisos adquiridos en la Carta de Intención suscrita con el FMI.

En octubre de 2019, el Gobierno, a través de decreto Ejecutivo 883, eliminó los subsidios a la gasolina Extra y EcoPaís, medida que generó masivas movilizaciones y violentas protestas de diversas organizaciones sindicales y sociales en varias ciudades del Ecuador que obligaron a derogar la medida.

El Ejecutivo volvió a insistir, en abril de 2020, la eliminación de los subsidios a la gasolina Extra, EcoPaís y diésel, mediante un sistema de bandas de precios que podrán fluctuar de acuerdo al crudo oriente y en función del marcador WTI que sirven de referencia para Ecuador. A medida que se reactiven las economías golpeadas por la pandemia del coronavirus a nivel internacional, se incrementará la demanda de combustibles y simultáneamente subirán los precios de las gasolinas y del diésel.

En el Programa de Gobierno del binomio Moreno-Glas en el tema del “empleo” se plantea como objetivo:

“Generar trabajo digno y empleo de calidad es la mejor forma de erradicar la pobreza… Para cumplir este mandato popular, no volveremos al pasado ni al precarismo, ni a los ingresos recortados, sin afiliación a la seguridad social. Los seres humanos están sobre el capital.”

Al contrario de lo que se prometía, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, más de 10.000 funcionarios fueron desvinculados del sector público, según las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Primicias 2020).

El Ministerio de Economía se comprometió con el FMI a reducir los gastos en salarios por alrededor de USD 1.000 millones en 2020. En esa línea, en mayo cesaron 3.500 contratos ocasionales y se prevé contraer la jornada de dos horas a los empleados de la función Ejecutiva que representará un recorte de USD 500 millones, así como la restructuración de las entidades del sector público que significará una deducción adicional de USD 500 millones.

El Primer Mandatario, a través de Decreto Ejecutivo N° 1051, dispuso la reorganización de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) que será la encargada de brindar el apoyo técnico, administrativo y legal a las empresas que se encuentren en proceso de liquidación.

En la misma línea, mediante varios decretos ejecutivos, se dispuso la eliminación de empresas públicas como Tame Línea Aérea del Ecuador, Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Enfarma, Fabrec, Cementera del Ecuador, Correos del Ecuador, Siembra EP, Unidad Nacional de Almacenamiento, entre otras.

La eliminación de las empresas públicas significa que cientos de personas que trabajaban directa e indirectamente van a engrosar las filas de los desempleados por lo que dejan de consumir bienes y servicios que genera el aparato productivo privado y consecuentemente se registra un menor número de aportantes a la seguridad social.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, más de 200.000 trabajadores han sido desvinculados en tres meses como consecuencia del confinamiento de la población causada por la pandemia del coronavirus. La mayoría de los desvinculados en el sector privado, más de 112.000 trabajadores, se han realizado en base a uno de los artículos de la flamante Ley Orgánica para el Apoyo Humanitario, esto es, mediante “acuerdo de las partes”.

Los devotos de las políticas neoliberales en el “Gobierno de todos” se encuentran obsesionados en cumplir al pie de la letra los compromisos adquiridos en la Carta de Intención suscrita con el FMI, por lo que se prevé monetizar los activos del Estado, a través de concesiones de las empresas estratégicas al sector privado, tales como las centrales hidroeléctricas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Refinería de Esmeraldas, el campo petrolero Sacha que produce más de 71.000 barriles diarios.

En la misma dirección, con el sofisma de fomentar la competitividad y el ingreso de capitales extranjeros, se tiene programado la desregulación del sistema financiero privado que incluye la flotación de las tasas de interés, medida que ya estuvo vigente a finales de la década del noventa que generó tasas activas superiores al 60, 70% y que derivaron en el congelamiento de los depósitos del público y la quiebra de varias instituciones financieras.

En los últimos años, la Asamblea Nacional ha aprobado varias leyes con el propósito de fomentar las inversiones, incentivar el ingreso de capitales extranjeros, promover el empleo y fortalecer la dolarización. Sin embargo, la economía no se ha reactivado, el desempleo ha aumentado, los capitales extranjeros no han llegado, los propios gremios empresariales que se comprometieron a invertir USD 9.000 millones durante la gestión del presidente Moreno, no lo hicieron.

El problema del Ecuador no es la falta de leyes. El hecho fundamental es que desde décadas atrás se ha perdido la confianza en las diversas funciones e instituciones del Estado porque no hay políticas de estado a largo plazo, no hay seguridad jurídica, se prioriza los acuerdos políticos y se designa a personas sin competencias profesionales y éticas a importantes cargos del Estado e impera la corrupción, en parte, causada por la administración de justicia que se ha vuelto en un “agujero negro” de la impunidad. La confianza es un factor clave de cualquier economía y lamentablemente no lo hay en el país.

A modo de epílogo

El modelo de “libre mercado” se agotó porque el crecimiento de la economía en términos per cápita es uno de los más bajos comparados con los de otros países de América Latina y genera desigualdades sociales, beneficia fundamentalmente a grupos empresariales vinculados a las actividades comerciales y financieras, así como a los acreedores internacionales, quienes han subordinado a los sectores de la agricultura, industria y construcción.

En más de cincuenta años, el país sigue produciendo y exportando materias primas. Su principal producto de exportación es el petróleo, por lo que la economía nacional sigue anclada a las variaciones del precio del crudo en los mercados internacionales. Bajan los precios del “oro negro” y la economía entra en recesión.

El modelo de neoliberal ha ampliado la brecha entre los sectores de ingresos altos de la población y los sectores de ingresos medios y bajos. A fines de 2019, última información del INEC, cerca de 5 millones de personas se encontraban en el desempleo y/o en la categoría de “empleo inadecuado” que incluye a la informalidad, representa el 61% de la población económicamente activa, y como consecuencia de la pandemia su número seguramente creció sustancialmente. En la capital de los ecuatorianos, en sus calles y avenidas se visualiza en forma lacerante la mendicidad.

El país requiere una nueva política económica orientada a dinamizar en forma eficiente la participación del Estado en la economía para reconstruirla y diversificarla. Para salir de la recesión económica es imprescindible la participación de todos los sectores económicos y sociales: empresarios, empleados, trabajadores, campesinos y profesionales altamente calificados y con sólidos valores morales y éticos.

En el marco de esta propuesta, se debe promover la cultura del trabajo soslayando la política de bonos promovida por los organismos multilaterales, fortalecer la cultura tributaria dejando atrás las sistemáticas remisiones, una política de cero tolerancia en contra de la contaminación ambiental y visual, declarar la guerra sin cuartel a la corrupción y la impunidad, así como institucionalizar una política selectiva de inmigración, especialmente de investigadores, científicos, inversionistas en actividades productivas, en contracorriente a la tesis de Friedman, quien era un ferviente partidario de la “libre inmigración”.

Bibliografía

Publicado el 15 julio, 2020 en América Latina, Ecuador, Uncategorized y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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