Todo hace indicar que la Unión Europea se ha convertido en una extensión de la Casa Blanca, al menos en su política hacia Venezuela, pues sus sanciones son las mismas que impone Washington para intentar estrangular a la Revolución Bolivariana.
En su más reciente actitud pro yanqui, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, condenó el 21 de diciembre 2019 al gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, por retirarle a cinco legisladores su inmunidad parlamentaria, debido a los delitos cometidos de conspiración y traición a la patria.
La sanción de la UE se anunció como resultado de la decisión tomada por la Asamblea Nacional venezolana, declarada en desacato, presidida por el auto titulado presidente Juan El Títere Guaidó, de aprobar el 17 de diciembre 2019 una resolución que modifica el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, con el propósito de que legisladores radicados fuera del territorio nacional participen en debates y puedan votar de manera virtual, resolución declarada ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia.
Se conoce que el Departamento de Estado yanqui emite instrucciones a Guaidó, para actuar en contra del gobierno constitucional de Venezuela y a la vez, presiona a la Unión Europea, la OEA, a varios países latinoamericanos y europeos, para que apoyen al Títere, sin lograr que el pueblo venezolano lo respalde, comprobándose el desgaste que acumula después de haberse auto proclamado presidente, mientras la población respalda mayoritariamente a Maduro y resiste estoicamente la despiadada y cruel guerra económica, financiera y económica desatada por el imperio norteamericano.
La manipulación de Estados Unidos es total, pero permite descubrir a sus principales peones, tanto dentro de la Unión Europea como en la OEA y la ONU, al verse obligados a proyectarse abiertamente en apoyo a las medidas dictadas por el Departamento de Estado.
Esos son los casos del español Josep Borrell y de la chilena Michelle Bachelet, quienes callan ante los crímenes cometidos durante las salvajes represiones ejecutadas contra el pueblo ecuatoriano, chileno, boliviano y colombiano, como si esos muertos, heridos, detenidos y desaparecidos no fueran seres humanos, a diferencia de sus reclamos por los diputados opositores venezolanos, que no han sido golpeados ni asesinados.
Triste papel el que asignan ahora a Borrell, quien debió ser un buen agente encubierto de la CIA desde la década de 1970, cuando inició su militancia en el Partido Socialista Obrero Español, apoyado por esa agencia de inteligencia, con el fin de evitar que el Partido Comunista tomara el poder después de la muerte del dictador Francisco Franco, viejo aliado de Estados Unidos.
Está comprobado que la llamada Transición española fue diseñada desde Washington, en acciones coordinadas entre la CIA y el SECED, para imponer las reformas de manera controlada y colocar a Felipe González y a varios de sus partidarios, al frente del PSOE.
De ahí viene la relación de Borrell y su papel en la Transición, donde llegó a ocupar altos cargos durante los gobiernos de Felipe González, hasta 1999. Desde entonces, se centró en la política europea, convirtiéndose en diputado del Parlamento Europeo (2004–2009), donde llegó a desempeñar la presidencia del euro cámara durante la primera mitad de aquella legislatura, situación que debió favorecer las influencias de Estados Unidos en ese importante órgano.
En junio de 2018 regresó al Consejo de Ministros de España, siendo nombrado como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el gobierno presidido por Pedro Sánchez. El 2 de julio de 2019 fue nominado por el Consejo Europeo para el puesto de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
En sus recientes declaraciones Josep Borrell afirmó: “la suspensión constituye una violación grave de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y el principio democrático de separación de poderes” y añadió: “esas acciones incluyen el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias”.
Sin embargo, ante el golpe militar en Bolivia, el despojo del resultado de las elecciones que dieron el triunfo al presidente Evo Morales, la persecución, encarcelamiento y ultraje a altos funcionarios del gobierno constitucional, hizo un silencio cómplice, como si esas reales violaciones de la ley y los derechos humanos no constituyeran una violación grave de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y los principios democráticos.
Las orientaciones del Departamento de Estado y la CIA fueron las mismas para Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien no ha condenado a Sebastián Piñera, por arremeter sin piedad contra cientos de miles de chilenos que protestan por sus políticas neoliberales, dejando 32 muertos, 2,500 heridos, 9 mil detenidos y más de 300 chilenos con pérdida de la visión por los disparos a la cara de los Carabineros, causando graves consecuencias psíquicas al pueblo, algo que no sucede en Venezuela ni en Cuba.
La señora Bachelet repitió al pie de la letra las mismas declaraciones que hizo Borrell sobre los parlamentarios venezolanos que han violado las leyes de ese país.
Según ella, ahora “le preocupa” el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición y los inventados actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido a Juan El Títere, pero nunca le han preocupado los actos terroristas cometidos por la oposición financiada por Estados Unidos, ni la auto proclamación de Guaidó como presidente del país y menos aún su participación junto a Leopoldo López, en el intento de golpe militar este año.
El mejor resultado de todo esto es que resulta fácil descubrir las posiciones de la CIA, pues en su desespero emiten las mismas orientaciones a sus agentes encubiertos, los que ya no podrán engañar a nadie más.
La evidencia está en que, los presidentes de Ecuador, Chile, Colombia y los golpistas bolivianos no son sancionados, no les prohíben la entrada en Estados Unidos, ni la Unión Europea, la OEA, y la ONU los condenan por los crímenes que comenten contra sus ciudadanos. Tampoco hay declaraciones por la detenciones arbitrarias ni campañas contra las violaciones cotidianas de los derechos humanos.
Igual silencio hace Borrell contra las violaciones y persecuciones que acomete España contra los independentistas de Cataluña, porque no son de interés de Estados Unidos y pueden representar posiciones políticas no aceptables para sus intereses.
No hay nada mejor que un día tras otro y como dijera José Martí:
“De la podredumbre misma sale la luz”
Cubano y punto 
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