La ola represiva desatada por la administración de Jeanine Añez luego de la renuncia de Morales el 10 de noviembre último -bajo la coacción del alto mando del Ejército que le ‘sugirió’ renunciar- dejó hasta la fecha más de 30 fallecidos y cientos de heridos.
Sin dar a conocer el monto asignado, la autoproclamada presidenta interina autorizó la compra de gases antidisturbios para la Policía Boliviana con la finalidad de ‘reabastecer’ de esos materiales empleados en la contención de las protestas populares contra la asonada golpista.
